Por Pilar Estébanez, de La Comuna
No puede ser que en un país como el nuestro, donde se supone que las garantías de las personas detenidas están recogidas por la ley y por la normativa europea, y son de obligado cumplimiento por las instituciones, exista un sistema “paralelo” de detención de personas, cuyo único “delito” es haber entrado sin permiso en el país, sin que prevalezcan las garantías que deberían ser aplicables a cualquier ser humano. Esta situación nos retrotrae a los campos de detención que existieron en nuestro país y en Francia donde se encerraban a los republicanos cuando terminó la Guerra Civil. Y lo que es más sorprendente, es que la sociedad mire hacia otro lado y no exija que esta forma de detención y tortura, porque puede considerarse tortura mantener a una persona encerrada sin derechos ni garantías, se termine de una vez.
Ante esto La Comuna, como asociación que tiene su razon de ser fundamental en la persecución de los crimenes del franquismo, consideramos una obligacion moral dar respuesta a estas formas actuales de tortura y represión como nuevas modalidades de crímenes de Estado y en este caso se usa contra unas victimas cuyo único delito es intentar escapar de las hambrunas y las guerras en sus lugares de origen.
En lo que va de año más de 1.600 inmigrantes han muerto o han desaparecido tras intentar cruzar el Mediterráneo, incluyendo los casi 700 que perecieron en la tragedia del pasado fin de semana en aguas de Libia, el peor naufragio de este tipo de la historia. El peligro de morir ahogados es uno de los riesgos que estos seres humanos corren desde el momento en que deciden salir de su país y ponerse en manos de los traficantes de personas.
Su esperanza es llegar a Europa, pero muchos mueren en el camino. Los riesgos que asumieron estas personas al embarcar en los barcos de traficantes con la esperanza de llegar a Europa son bien conocidos, pero constituyen sólo uno de los peligros que tienen que afrontar en un viaje que para muchos termina antes de llegar a las costas del norte de África.
Los informes de las organizaciones humanitarias calcular que entre 2009 y 2013, 30.000 personas fueron víctimas de la trata y la tortura en la península del Sinaí, y que entre 5.000 y 10.000 de ellos no sobrevivieron a su terrible experiencia. Se les priva de alimentos y agua y violan a las mujeres. La amenaza más reciente es el secuestro por los militantes del Estado islámico. Un video reciente distribuido por IS muestra a al menos 30 hombres –cristianos etíopes- siendo ejecutados en una playa de Libia.
En Libia, los migrantes deben o bien arriesgarse con contrabandistas o arriesgarse a ser detenidos y recluidos durante meses en los hacinados centros de detención donde Human Rights Watch ha informado de pésimas condiciones y abusos por parte de los guardias.
Los que consiguen atravesar el Mediterráneo y llegar a nuestro país, o los que son recogidos en sus frágiles, abarrotadas e inhumanas embarcaciones, muchas veces diezmadas por el mar durante el trayecto, pueden terminar su viaje en alguno de los ocho CIES donde son detenidos recibiendo un trato inhumano y denigrante y en condiciones mucho peores que en las cárceles.
En España hay ocho centros que dependen del Ministerio del Interior. Tal y como consta en la web del portal de investigación sobre la inmigración global, Global Detention Project (GDP), en Canarias hay tres: uno en Lanzarote (Guacimeta), con capacidad para 200 personas; otro en Las Palmas de Gran Canaria (Barranco Seco), que puede albergar a 168; y otro en Santa Cruz de Tenerife (Hoya Fría), cuya ocupación máxima es de 238 personas. Hubo uno en Fuerteventura (El Matorral), con capacidad para 1.100 personas, que fue clausurado. En el caso del CIE madrileño de Aluche, la capacidad es de 280 personas.
Las organizaciones que han logrado visitar esos centros narran que las condiciones de los detenidos son peores que las que disfrutan los presos en las cárceles, ya que, frente a las cárceles, los CIES están amparados por una gran opacidad y no es posible saber por qué razones legales están retenidos los inmigrantes ni en qué condiciones ni de qué garantías disfrutan, si es que disponen de garantías. En estos centros lo habitual es la arbitrariedad en cuanto al tiempo que pasan los detenidos en ellos y en cuanto a la forma y condiciones de su expulsión.
Este mes de abril el Tribunal Supremo anuló cuatro artículos del reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) al admitir parcialmente a trámite los recursos de SOS Racismo, Federación Andalucía Acoge y la Asociación pro Derechos Humanos contra el funcionamiento y régimen interior de los CIEs.
Según el razonamiento del Tribunal Supremo esos artículos contradicen una directiva europea que reconoce el derecho de las familias internadas en espera de expulsión a que se les facilite alojamiento separado que garantice un grado adecuado de intimidad, que no permite un nuevo internamiento en un CIE por una causa que ya incluida en el expediente de expulsión y que permitía los registros personales incluso con desnudo integral, lo que excede de la propia Ley de Extranjería y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El cuarto artículo anulado establecía dos supuestos diferenciados -razones de seguridad o que existan motivos para creer que el interno escondiera objetos o sustancias prohibidas- que según los magistrados, deberían ser concurrentes.
Organizaciones como SOS Racismo ha denunciado en numerosas ocasiones malos tratos a los internos, tanto psicológicos como físicos. El punto crítico en cuanto a los malos tratos se produce en el momento de la deportación y embarque en los aviones, como hemos podido ver hace pocos días, con un incidente en el que un grupo de policías golpeaba a un extranjero mientras éste permanecía atado y sentado en su asiento del avión.
Naciones Unidas (ONU) condenó en octubre de 2012 a España por detención arbitraria, discriminación racial y torturas en el CIE del madrileño barrio de Aluche, por el caso del interno magrebí llamado El Hadj, tal y como se documenta en un informe de la ONG SOS Racismo Madrid de enero de 2013.
Respecto de la atención médica en los CIES, ésta no está garantizada. No existe servicio médico durante las veinticuatro horas, como sí hay en los centros penitenciarios. Sólo se pasa consulta por la mañana y no se ofrece tratamiento para enfermedades infecciosas, como la tubeculosis, que es una enfermedad de riesgo entre una población que llega, principalmente, de África Subsahariana. En 2011 un interno murió por una meningitis mientras estaba detenido en el CIES de Aluche por falta de atención médica.
Las organizaciones que han investigado las condiciones de estos centros además ponen en duda su utilidad, porque menos del 50% de los internos acaban siendo expulsados. Los que permanecen en ellos, mientras tanto, están sometidos a esas condiciones que vulneran la propia legislación española.