15/11/2025
El día 15 de noviembre de 2025, en la Casa Sindical LA PIKETA de Vallekas, tuvo lugar una Charla-Debate, convocada y organizada por el Movimiento Anti-Represivo de Madrid con el lema: “50 años de Falsa Democracia”.
La línea conductora de las intervenciones, y el debate posterior, fue la denuncia de la falsedad de la campaña oficial de este año 2025, organizada bajo el lema de los “50 años de Democracia”.
Una vez realizadas las presentaciones, el acto comenzó con la intervención de Jesús Rodríguez Barrio, en nombre de LA COMUNA, que dio una visión de lo que significó la represión en los años de la Transición sangrienta, como contrapunto a la imagen idílica que se ha dado de ese periodo en la campaña para embellecer la democracia que se instauró en España tras la muerte de Franco.
A continuación intervino el ex teniente del Ejército de Tierra Luis Gonzalo Segura que señaló el peligro que presenta la existencia de elementos golpistas y antidemocráticos en el ejército español. En ese sentido insistió en la existencia no solo de militares abiertamente golpistas sino también en el golpismo “durmiente” que puede ser activado en cualquier momento para defender el poder en momentos de crisis.
El representante de la Coordinadora Antifascista de Madrid hizo un repaso de la historia del movimiento antifascista madrileño desde sus inicios hasta el presente señalando su importancia, no solo como instrumento defensivo frente al fascismo sino también en la lucha para ampliar los derechos políticos y sociales.
Intervino también un representante del Movimiento Antifascista de la Ría de Bilbao que señaló las características especiales que ha tenido la lucha antifascista en Euskal Herria, desde sus orígenes hasta hoy, y que también insistió en la importancia del antifascismo como motor de movilización social.
Cerró el acto el representante del Movimiento Anti-Represivo de Madrid que hizo un repaso a todos los elementos represivos que configuran la “democracia” española como una falsa democracia, señalando especialmente la multitud de casos en los que se ha reprimido el ejercicio de derechos fundamentales en nuestro país, especialmente en los últimos años.
Para terminar, hizo un llamado al optimismo señalando que la lucha es el único camino para defender y ampliar los derechos políticos y sociales.
El acto terminó con un debate en el que los ponentes dieron respuesta a las preguntas de las personas asistentes al acto.
Adjuntamos a continuación el texto escrito de la intervención de Jesús Rodríguez Barrio.
LOS CRÍMENES DE LA TRANSICIÓN.
Jesús Rodríguez Barrio.
Dentro de 5 días se cumplirán 50 años de la muerte de Francisco Franco, dictador fascista y genocida de su propio pueblo, que, oficialmente, murió el 20 de noviembre del año 1975.
Pero el franquismo no murió ese día. Ese día empezó un tiempo diferente, el franquismo sin Franco, en el que tuvo lugar una operación política para reciclar el franquismo, que recibió el nombre de Transición, cuyo resultado es la democracia actualmente vigente en nuestro país.
Esta Transición, y la democracia que nos dejó, están siendo celebradas este año en multitud de actos festivos oficiales, dentro de una campaña bajo el lema de los “50 años de libertad”
La operación ya había sido iniciada por el mismo Franco, quien refundó la dinastía borbónica nombrando sucesor, como rey de España, a Juan Carlos I. Rey franquista y corrupto, nieto del corrupto Alfonso XIII.
Pero eso no era suficiente. Era necesario, además, prevenir cualquier cambio social que pudiera perjudicar a los intereses de la oligarquía franquista y los grupos privilegiados del régimen.
Para esto, había que hacer frente a un obstáculo formidable. Durante las últimas décadas del franquismo la resistencia contra la dictadura había dado lugar a un potente movimiento popular, entre la clase trabajadora, los estudiantes y los intelectuales progresistas, que reclamaba profundos cambios sociales.
El camino para hacer frente a este movimiento pasaba inexorablemente por la represión. Y para ello no servía la vieja represión, basada en las leyes franquistas, la policía política, los jueces fascistas y el control social en los años de estabilidad. Era necesaria una represión mucho más violenta. Se trataba de aterrorizar a un grupo entero de la población que exigía cambios sociales.
Para hacernos una idea de la intensidad del terrorismo de estado contra la población en aquellos años de la transición basta con dar las cifras y compararlas con las que corresponden a los últimos años de la vida de Franco.
En el periodo que va desde 1963 a 1981, la represión produjo un total de 214 muertos, repartidos en 10 ejecuciones, 10 por tortura, 77 en actuaciones policiales contra militantes antifranquistas o controles de carretera, 46 en atentados fascistas o parapoliciales, 5 por secuestros y desapariciones y 58 en actuaciones de los cuerpos policiales contra manifestaciones o actividades de propaganda, más 8 por otras causas. La relación, seguramente, está incompleta.
De ellos, 70 corresponden a los últimos 13 años del franquismo (1963-1975) y 144 corresponden al periodo que va desde la muerte de Franco al golpe de estado del 23F (1976-1981).
Es decir: el número de víctimas mortales registradas entre 1975 y 1981 (seis años) a manos de las fuerzas de seguridad del estado y las bandas fascistas duplica a las registradas en los trece años anteriores. El doble de muertos en la mitad de tiempo.
La intensidad criminal de la represión en los años de la transición supera ampliamente a la registrada en los años del franquismo tardío.
El terror sistemático contra un grupo entero de la población es el fundamento del crimen de lesa humanidad. Ese tipo de terror fue imprescindible para imponer los pactos de la transición. Sin esa represión no habría sido posible conseguir el reciclaje integral de todas las estructuras de poder franquistas en el nuevo régimen democrático español. Las víctimas que ocasionó esta represión no fueron accidentes, no fueron casuales. Fueron sistemáticas: son crímenes de lesa humanidad. Nuestra tan celebrada y embellecida transición fue construida sobre crímenes de lesa humanidad.
Esta represión, que tuvo como objetivo consolidar el reciclaje del franquismo frente a las ansias de ruptura democrática de la inmensa mayoría de la población, fue realizada por una maquinaria en la que interactuaban de forma inseparable los cuerpos represivos de la Dictadura y las bandas fascistas que actuaban bajo la protección policial y que en muchos casos estaban integradas, e incluso dirigidas, por miembros de los diversos cuerpos policiales. De forma sistemática, las fuerzas de seguridad franquistas, recicladas por la democracia, amparaban a los autores y no investigaban estos crímenes. Y la justicia franquista, también reciclada, se encargaba de la protección jurídica de los responsables garantizando su impunidad en los pocos casos en los que fueron identificados.
Las bandas fascistas que actuaron en aquel tiempo no fueron incontroladas. Fueron organizadas, protegidas, amparadas y dirigidas desde el poder, que patrocinó sus crímenes y les garantizó la impunidad. Todos sabemos cómo se refugiaban en las comisarías y cuartelillos, y como los jueces fascistas actuaban con benevolencia y les concedían permisos que facilitaban su evasión. Y son perfectamente conocidos los nombres y apellidos de los criminales que han vivido una existencia cómoda gracias a la protección policial y judicial.
Los asesinos de los abogados de Atocha pudieron huir gracias a permisos judiciales. Y también sabemos que Fernández Guaza, el asesino de Arturo Ruiz presume de haber vivido siempre en Argentina protegido por los servicios policiales españoles. Y hay muchos casos más
Y, en el año 2013, parece que fue un escándalo saber que Emilio Hellín, el asesino convicto de Yolanda González, trabajaba entonces para la Guardia Civil después de haber cumplido su condena. Pero el verdadero escándalo es saber que siempre fue una persona de confianza para la Guardia Civil. Que hacía trabajos extraordinarios cuando era necesario.
La implicación de las fuerzas de seguridad del estado en los crímenes de La Transición fue absoluta. Y la protección que, sistemáticamente, han disfrutado los responsables de los numerosos crímenes que cometieron policías y guardiaciviles durante aquellos años ha sido una constante en los 50 años de nuestra democracia.
Los nombres de quienes formaron parte de los piquetes de ejecución del 27 de septiembre de 1975, todos voluntarios igual que los oficiales que los mandaban, siempre han sido mantenidos en secreto.
Los asesinos de Teófilo del Valle, Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo, Bienvenido Pereda, Mary Luz Nájera, German Rodríguez, Gladys del Estal, Normi Menchaka, Emilio Martínez Menéndez, José Luis Montañés, Manuel José García Caparrós y muchas más víctimas, fueron miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado cuyo nombre fue perfectamente conocido por sus superiores, pero siempre disfrutaron de impunidad.
También disfrutaron de impunidad quienes dispararon y asesinaron en los controles de carretera en aquellos años. Y los responsables de los asesinatos por torturas en comisarías y cuarteles, como sucedió en el caso de José Arregui.
Conocemos el nombre de Jesús Quintana, el capitán que dio la orden de disparar en Vitoria. Y sabemos que los asesinos de Germán Rodríguez habían recibido una orden muy clara: “no os importe matar”.
Los responsables de los Sanfermines 78 están perfectamente identificados y retratados en el libro de Sabino Cuadra sobre Los Victimarios de aquellos crímenes.
Ninguno de ellos fue investigado judicialmente y todos han disfrutado de la más absoluta impunidad a lo largo de su vida y su carrera profesional, llena de ascensos y recompensas.
En la cima de esta estructura represiva estuvo, durante aquellos años críticos, Rodolfo Martín Villa quien, de acuerdo con el principio de responsabilidad del superior, concentra en su persona las responsabilidades por todos estos crímenes.
Ese es el fundamento de la imputación que, en el día de hoy, sigue manteniendo la justicia argentina contra Rodolfo Martín Villa por Crímenes de Lesa Humanidad bajo el principio de justicia universal.
El crimen de estado no fue un accidente ni fue una excepción. Fue la norma durante los años de la Transición. Y la impunidad de los crímenes del franquismo y la Transición ha sido una de las señas de identidad de esta democracia que se construyó con el reciclaje del franquismo y la colaboración de una parte de la izquierda reformista española.
Los “50 años de democracia” han sido 50 años de impunidad para los crímenes del franquismo y La Transición. Y, también, para los crímenes que han seguido cometiendo las fuerzas policiales. Entre ellos la tortura.
Porque en esta democracia se ha seguido torturando en cuartelillos y comisarías, como atestiguan los numerosos casos, debidamente documentados, que han sido acreditados por informes de organismos españoles y también internacionales de indiscutible solvencia.
Y ello ha seguido sucediendo con total impunidad. En los pocos casos en que los autores de torturas han sido juzgados y condenados, siempre han sido indultados. Y, en muchos casos, incluso han sido ascendidos, premiados y promocionados con posterioridad.
Esta es la democracia de los 50 años de impunidad.
Termino diciendo que los derechos que tenemos en esta “democracia”, tan insuficiente, no cayeron del cielo ni los trajeron los pactos de la transición. Se consiguieron con la sangre de quienes murieron luchando por los derechos políticos y sociales en aquellos años terribles en los que la policía disparaba con balas.
Ahora que esos derechos son cada vez más amenazados por el ascenso del fascismo, tenemos la obligación de recordar. No podemos olvidar ni aceptar la impunidad.
Porque la memoria es la mejor vacuna contra el fascismo.
Justicia, verdad y memoria.
Fascismo nunca más.
Porque fueron somos.
Porque somos serán.