Fecha: 06/10/2008

Ana María PASCUAL

No son famosos pero desde seis años antes de que estallara la polémica de la implicación del magistrado de la Audiencia Nacional en la memoria histórica, cinco modestos jueces de instrucción ya han tomado parte en el espinoso asunto.

Villablino fue el primer destino de María del Carmen Santos González, en marzo de 2001, pocos días después de que aprobara las oposiciones de la carrera judicial. La localidad leonesa, de 12.000 habitantes, es capital de la comarca minera de Laciana, duramente castigada por el régimen franquista. Precisamente uno de los primeros casos de esta jueza está relacionado con la dictadura y su resolución sentó un precedente mucho antes de que, en septiembre pasado, el magistrado Baltasar Garzón se interesara por los muertos de la guerra civil y la dictadura. En julio de 2002, sin que se atisbara cercana una ley sobre la llamada Memoria Histórica de los represaliados por el franquismo –que se aprobó en diciembre de 2007–, la jueza del único juzgado de primera instancia e instrucción de Villablino admitió a trámite la denuncia de un grupo de personas que aseguraban que sus familiares –37 varones– desaparecidos en 1937 a manos de falangistas estaban enterrados en una fosa en la localidad de Piedrafita de Babia, a la que le corresponde el juzgado de Villablino.

María del Carmen Santos no dudó en aceptar aquella denuncia pionera en España. Lo recuerda Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que intervino en aquellas exhumaciones: “Era necesario que se abrieran diligencias judiciales para que la identificación de los restos corriera a cargo del Estado. Esta jueza fue pionera en facilitar a los familiares el camino para la recuperación e identificación de los restos de sus seres queridos”. La fosa de Piedrafita sólo contenía los huesos de siete de los 37 fusilados en la zona el 5 de noviembre de 1937. La jueza permitió que los familiares se hicieran análisis de ADN para lograr la identificación de los restos. Hoy, seis años después de aquello, con la Ley de Memoria Histórica vigente, que obliga a poner en conocimiento de los jueces el hallazgo de los restos de víctimas de la guerra civil, son minoría los magistrados que actúan como María del Carmen Santos. No llegan a la decena los magistrados que han permitido con su actuación elaborar un censo de asesinados por el fascismo en España, antes de que el juez Garzón pidiera datos sobre el tema. Y, lejos del relumbrón mediático de la Audiencia Nacional, los nombres de esos jueces ni siquiera son recordados por los expertos en el proceso de la exhumación de fusilados.

El nombre de Rosa María Serreta pertenece también a la discreta lista de los togados que permiten la identificación de desaparecidos en la guerra civil. Era titular del juzgado de primera instancia e instrucción único de Sahagún (León), en julio de 2007, cuando abrió diligencias ante la aparición de restos humanos en una fosa común en Gordaliza del Pino, localidad de su partido. Eran los esqueletos de cinco vecinos de la cercana localidad de Grajal de Campos, fusilados entre septiembre y noviembre de 1936 por milicianos falangistas. En Berzial de Zapardiel (Ávila), el juzgado de instrucción número uno de Arévalo abrió diligencias ante la aparición de los restos de cuatro cuerpos en una fosa. Fue en septiembre de 2003. El Instituto Nacional de Toxicología hizo análisis de ADN de los restos, pero no pudo compararlos con los de familiares, ya que éstos viven fuera de España. La jueza encargada del caso, suplente aquel verano, archivó las diligencias.

Más al sur, un mes antes, el magistrado Julio Álvarez Merino se implicó, en agosto de 2003, en la exhumación de la fosa común de la localidad toledana de Pepino. Incluso se tomó la molestia de acercarse hasta el enterramiento. Era entonces el titular del juzgado de instrucción uno de Talavera de la Reina (Toledo). Bajo tierra estaban los restos de once varones asesinados por los franquistas. Sólo siete familiares de aquellas víctimas se hicieron las pruebas de ADN. “El resto de las familias no quiso saber nada del tema”, recuerda Marisa Hoyos, voluntaria de ARMH, presente en aquella exhumación, y resalta: “La Guardia Civil se portó muy bien, colaborando al máximo”.

Al comienzo de ese mismo verano, cinco años antes de que estallara la polémica de Garzón y la memoria histórica, Jesús Marina, modesto titular del juzgado de Instrucción número dos de Segovia, tramitó la identificación de los restos de cinco personas hallados en la fosa de Otero de Herreros, en junio de 2003.

Aunque la actual legislación sobre Memoria Histórica los nombra difusamente, la labor de los jueces es esencial es esta materia, según coinciden en señalar las dos asociaciones mayoritarias dedicadas a esta tarea: la ARMH y la Federación de Foros por la Memoria, constituida por 14 entidades locales. La ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, sólo nombra a los jueces en su artículo 13: “Las Administraciones públicas competentes autorizarán las tareas de prospección encaminadas a la localización de restos de las víctimas (…). Los hallazgos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales competentes”. Según Santiago Macías, vicepresidente de ARMH, muchos togados no están cumpliendo la ley: “En cuanto se les comunica el hallazgo de huesos, muchos jueces se pronuncian en contra de abrir diligencias alegando que los hechos han prescrito porque ocurrieron hace 70 años. Están cometiendo graves negligencias, porque hasta que los huesos no se daten no sabremos si pertenecen a la guerra civil. Se puede estar obviando un crimen de hace 15 años, que no ha prescrito, por no querer identificar esos restos”.

El artículo 12 de la Ley promete que “el Gobierno, en colaboración con todas las Administraciones públicas, elaborará un protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones”. Sin embargo, no hay aún un protocolo único para el levantamiento de los cadáveres. Virginia Díaz, abogada de la asociación Foro por la Memoria –distinta de la Federación de Foros por la Memoria–, asegura: “El único protocolo de actuación es el que cada asociación ha puesto en marcha. El Gobierno se ha lavado las manos. Esta ley no habla claramente de la implicación de los jueces y así nos va”.

A falta de protocolo único, los parientes de once víctimas del franquismo enterrados en una fosa en Viguera (La Rioja) tuvieron que recurrir a favores para poder identificar a sus familiares, en abril de 2006. Una jueza de Logroño, Olga Ruiz, se negó a intervenir en el caso. Por la amistad de un miembro de la Delegación del Gobierno en La Rioja lograron que los huesos fueran trasladados al Instituto Nacional de Toxicología. No siempre el juez se implica. En el verano de 2004, los familiares de 30 fusilados por las tropas franquistas en la provincia de Córdoba vieron truncadas sus aspiraciones de identificar a sus parientes y darles una digna sepultura. Lo impidió una jueza: Macarena Sánchez del Rosal, que entonces era la titular del Juzgado de Instrucción 1 de la localidad cordobesa de Montilla. Se hallaron restos de cinco personas en una fosa común en el cementerio de Santaella, pero la magistrada se negó a recibirlos en el juzgado, es decir, no quiso abrir diligencias. “La Guardia Civil de la localidad no tuvo más remedio que intervenir, porque en los cráneos aparecían los tiros de gracia perfectamente visibles –explica Francisco Urbano, miembro de IU de Córdoba, que participó en la exhumación, promovida por el Foro por la Memoria–. Pero al día siguiente, los devolvieron al cementerio y los dejaron en el depósito”. A aquellos restos se sumaron los de otros 16 fusilados procedentes de la fosa común del cementerio de Gujarrosa (Córdoba). La misma jueza se negó también a ordenar su identificación. Aquel episodio levantó ampollas en Córdoba. El secretario provincial de IU, José Manuel Mariscal, llegó a preguntarse en público si “el pasado familiar de la jueza de Montilla le ha supuesto algún lastre a la hora de tomar una decisión”.

Otras magistradas han actuado de la misma manera, alegando que los restos hallados corresponden a delitos prescritos. En Asturias dos juezas se han negado a abrir diligencias por el hallazgo de restos humanos de la época de la guerra civil. En Cangas de Onís, en 2006 la jueza Mónica Casado Gobernado no quiso actuar ante el hallazgo de los restos de dos jornaleros republicanos, uno de ellos militante de UGT, asesinados en marzo de 1938. Casi paralelamente, y argumentando también la prescripción del delito, Beatriz Serrano Díez, magistrada de Llanes, archivó el caso de la fosa común de la localidad de Turancias, donde se hallaron los restos de cinco republicanos. Fue la Federación de Foros por la Memoria la que impulsó la apertura de esa fosa. El abogado de la Federeación, José Luis Muga, recuerda su impotencia en aquel caso: “Recurrimos ante la Audiencia Provincial la decisión de la jueza. Pero la Audiencia no nos dio la razón, y esa sentencia es irrecurrible. De una forma velada, los tribunales nos están acusando de utilizar fraudulentamente a la Justicia para lograr fines políticos”.