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Cantabria: derecho a la justicia para las víctimas del franquismo

El Diario de Cantabria, 2 de enero de 2016

Mientras el Ayuntamiento se niega a exhumar las fosas del cementerio de Ciriego, generales franquistas como el Capitán Palacios permanecen enterrados en el Panteón de los Ilustres.

Antonio Ontañón , presidente de la Asociación Héroes de la República y la Libertad, ha presentado las peticiones de justicia y reparación de los colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo al Estado Español.

Antonio Ontañón Toca, presidente de la Asociación Héroes de la República y la Libertad, ha hablado en rueda de prensa sobre el problema de la memoria histórica en Cantabria. Durante su intervención ha hecho referencia a la Carta aprobada en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, donde 27 asociaciones han reivindicado a las Instituciones del Estado que en la próxima legislatura se incluyan una serie de reconocimientos jurídicos, políticos y sociales para aquellas personas que defendieron la legalidad Republicana y de quienes lucharon contra el franquismo.

Esta carta, que contiene una serie de propuestas programáticas para que “sean cumplidas por parte del Estado Español”, apela al “derecho a la verdad” de las víctimas del Franquismo conforme a las recomendaciones de las Naciones Unidas, exigiendo para ello “apertura y libre acceso a todos los archivos públicos y privados” relacionados con la represión franquista y su herencia posterior.

Asimismo, las asociaciones también piden que se desclasifiquen y se cataloguen los documentos que se encuentran en dichos archivos para asegurar el acceso a la información.

A esto se suma el “derecho a la justicia”, para lo que consideran necesario la “anulación de la Ley de Amnistía de 1977, donde se permite la impunidad de los crímenes franquistas”, y que se realice una ratificación de la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”.

Por otro lado, apoyan el fomento de la creación de una Fiscalía especializada para la persecución de los crímenes de guerra, y solicitan que el Estado español, en virtud del principio de jurisdicción universal, dé cumplimiento a las órdenes de detención y extradición de criminales franquistas, junto con las cooperaciones cursadas por los tribunales extranjeros.

En este derecho a la justicia se enmarca también la localización de todas las fosas comunes del franquismo, y que “el Estado español se haga cargo de las exhumaciones de dichas fosas”. Por otro lado, solicitan que haya un reconocimiento de “problema de Estado” por el robo masivo de bebés, desde el año 1936 hasta bien entrada la democracia.

Derecho a la reparación

Dentro de este apartado las asociaciones engloban aspectos como “declarar por ley la nulidad de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen”, e ilegales los consejos de Guerra, el Tribunal de Represión de la Masonería y el comunismo, el Tribunal de Orden Público y administrativos de la Dictadura Franquista, así como las resoluciones que ya han sido dictadas y las condenas impuestas de estos organismos.

Por otro lado,  Ontañón ha explicado que en la carta se pide que se establezca una “legislación que permita el reconocimiento de los bienes expoliados a todas las personas físicas y jurídicas” por cualquier motivo político, religioso o de represalias de cualquier tipo.

Asimismo, exigen responsabilidades a todas aquellas empresas e instituciones que se han beneficiado en el pasado del trabajo forzado de prisioneros de guerra, y que se presente una “solución definitiva al Valle de los Caídos”, para que se trasladen los restos del Dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, y se identifiquen los restos de las víctimas represaliadas que se encuentran en ese lugar, además de que se devuelvan los cuerpos a aquellas familias que lo soliciten y que desmantelen la cruz que representa al nacional-catolicismo.

Garantías de no repetición

Finalmente, las 27 asociaciones han pedido que se establezca una “normativa acorde con la verdad histórica” y que se recoja en los libros de texto de historia la verdad, permitiendo que la enseñanza de la asignatura de religión solo se curse en colegios privados y se quede fuera del ámbito escolar público.

En relación con esto, solicitan que “se condenen los actos de exaltación franquista y se ilegalice cualquier partido, fundación o asociación que ensalce esos valores”, además de la retirada de toda la simbología franquista en espacios públicos y privados, así como la anulación de conmemoraciones y títulos que reconozcan a personas vinculadas al régimen.

“Queremos que se adopten las medidas necesarias para el reconocimiento social y cultural de los lugares de memoria y que se señalicen mediante monumentos, placas y paneles lo que ocurrió en aquellos lugares”, ha indicado Ontañón, a lo que ha añadido la posibilidad de establecer el 11 de noviembre como el día para recordar y homenajear a las víctimas del franquismo.

Capitán Palacios

Lo expresado por Ontañón es una realidad en el caso del Capitán Palacios, enterrado en el cementerio de Ciriego en el Panteón de los Ilustres, como un ejemplo de la flagrante violación de la Ley de Memoria Histórica.

Teodoro  Palacios Cueto, conocido como el Capitán Palacios, fue un militar nacido en Potes, que participó en la Guerra Civil Española y, posteriormente, en la División Azul, siempre del lado de la falange.

Durante la Guerra Civil, su importancia fue tal que alcanzó el empleo de capitán provisional al frente de las tropas franquistas, lo que le llevó luego a revalidar dicho cargo en la Academia General de Zaragoza. En la División Azul, participó como voluntario falangista con un objetivo claro: combatir el comunismo en Rusia como Capitán de Infantería. Sin embargo, fue tomado como prisionero en la batalla de Leningrado, aún en la II Guerra Mundial, lo que le costó estar 11 años detenido. Permaneció, de este modo, en varios campos de prisioneros de la Unión Soviética.

Después de la muerte de Stalin, el cautiverio del Capitán Palacios llegó a su fin. A su llegada a España se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando. En el año 1980 falleció en Santander.

A su muerte, se le enterró en el conocido como Panteón de los Ilustres del cementerio de Ciriego, en Santander, donde está rodeado por personajes destacados de la región como el poeta José Hierro o el pintor Pancho Cossío.

Torcuato Luca de Tena narró la historia del Capitán Palacios en Rusia, una novela denominada Embajador en el infierno, que fue llevada posteriormente al cine como “Embajadores en el infierno”.

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