December 10, 2019

Actualidad:

La impunidad del franquismo entra por primera vez al Colegio de Abogados

Pedro López López, Crónica Popular

El pasado 17 de julio, fecha en la que se conmemora el levantamiento fascista de 1936[1], tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Madrid un acto singular en esta institución: la mesa redonda sobre La impunidad de los crímenes franquistas. Hay que agradecer la iniciativa a la Sección de Derechos Humanos del Colegio, presidida por José Ramón Antón Boix. En la mesa, presentada por Antón Boix, intervinieron Bonifacio Sánchez (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), Ignacio Jovtis (Amnistía Internacional); Miguel Ángel Muga (Federación Estatal de Foros por la Memoria), Jacinto Lara (Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España) y Carlos Slepoy, abogado que ejerce la acusación en la Querella Argentina.

Bonifacio Sánchez, de la ARMH, resaltó la fecha como el 79º aniversario del golpe de estado, fecha en que comienza un exterminio programado (importante matiz de cara a considerar los crímenes franquistas crímenes internacionales) que se prolonga hasta después de la muerte del dictador. Es algo evidente, pero no lo parece por el tratamiento que los poderes públicos dan a estas cuestiones: golpe de estado, guerra civil y dictadura. La misma existencia de la asociación que representa –dijo- es una anomalía en una democracia. Es como –comparó- si en una epidemia de gripe hubiera que llamar a Médicos Sin Fronteras, en lugar de que el Estado se hiciera cargo de la situación. Se refirió a la historia del movimiento memorialista y al papel de la ARMH a partir del año 2000, favoreciendo que pudiera hablarse de desapariciones forzadas en el marco de Naciones Unidas desde 2002. Entonces se hablaba de unos 30.000 desaparecidos, sin sospechar que las investigaciones hechas desde entonces multiplicarían esa cifra hasta llegar a los ciento y pico mil.

A continuación intervino el abogado Miguel Ángel Muga, de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, resaltando el que por primera vez se hable en el Colegio de Abogados de Madrid de los crímenes del franquismo y animando al Colegio a estudiar el asunto. Puso de manifiesto que el modelo español de impunidad se basa en la Ley de Amnistía de 1977, una ley que, por la correlación de fuerzas en ese momento, puede llegar a entenderse, pero cuya veneración actual no puede comprenderse, pasadas casi cuatro décadas. No obstante, desatacó, la ley de amnistía ni siquiera se ha cumplido, ya que en su artículo 9 establece la necesidad de procedimiento judicial caso por caso. Además, la disposición derogatoria de la Constitución determina en su punto 3 que “quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a los establecido en esta Constitución”.

Posteriormente, se refirió al comportamiento de la judicatura en relación a las fosas: antes de 2007, algunos juzgados hacían diligencias mínimas, pero posteriormente parece que hubo unificación de criterios y desde hace tiempo se incumple sistemáticamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que un juzgado de instrucción tendría como mínimo que identificar los cadáveres y fechar la muerte, sin presumir, sin investigación, que los autores de los asesinatos están fallecidos. En cuanto a la llamada Ley de Memoria Histórica, no da cumplimiento a la normativa internacional y desatiende a las víctimas privatizando actuaciones que son obligación del Estado. A partir de ahí, los autos de los juzgados invocan la prescripción y/o la Ley de Memoria Histórica, que trata este asunto ya como mera arqueología. Además, esta ley reconoce la continuidad de ley a ley (de la dictadura a la democracia), lo que constituye una aberración y da argumentos a la judicatura para ignorar las obligaciones internacionales. La única vía que ve la Federación de Foros por la Memoria es la nulidad de la Ley de Amnistía (no la derogación, que reconocería la aplicación que se ha hecho hasta ahora).

Por parte de Amnistía Internacional intervino Ignacio Jovtis, que hizo un resumen de la situación actual desde la normativa internacional y desde las actuaciones que ha llevado a cabo Naciones Unidas en los últimos años (visitas e informes de relatores y grupos de trabajo, examen periódico universal, informe del Comité de Derechos Humanos).

Recordó que en el último año y medio Naciones Unidas ha lanzado sus críticas preferentemente hacia el poder judicial español y que un hito en la impunidad de estos crímenes lo marcó el Tribunal Supremo con la sentencia de 27 de febrero de 2012 en la que se absolvía a Baltasar Garzón, pero blindando los crímenes franquistas contra cualquier investigación judicial. Las cuatro razones invocadas por el Tribunal Supremo (Ley de Amnistía, Ley de Memoria Histórica, prescripción de los delitos, fallecimiento de los autores) han sido desmontadas por Naciones Unidas, resaltó Jovtis. Desde esa sentencia, los jueces ni siquiera fundamentan ya en las leyes de Amnistía y de Memoria Histórica, sino que directamente se remiten la sentencia.

También quiso resaltar el representante de AI el comportamiento tan poco ejemplar de España con Naciones Unidas llegando a decir por boca de sus representantes que este país no tiene por qué cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas, una aberración que pocas veces se ha visto en un estado miembro. Es decir, España ha dejado claro por activa y por pasiva que tiene clara voluntad de incumplir las recomendaciones de Naciones Unidas en esta materia. Desde Amnistía Internacional se está trabajando por que este asunto tan grave siga vivo en la agenda de Naciones Unidas, además de indagar otras posibles vías de investigación judicial en otros países, aparte de Argentina. Por supuesto, está fuera de toda duda la obligación del gobierno español de colaborar con la justicia argentina, en vez de obstruir sus actuaciones.

Posteriormente, intervino el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, el abogado Jacinto Lara Bonilla. En primer lugar, comentó las dificultades que el gobierno está poniendo a la justicia argentina al negarse primero a cumplir las órdenes de detención dictadas por la jueza Servini de Cubría, y después a extraditar a veinte personas, entre ellas varios ministros franquistas. También se refirió a la necesidad de declarar la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas. Puso de relieve un principio jurídico elemental de la comunidad internacional, como es el que la normativa interna no puede contravenir la internacional. Terminó su intervención diciendo que todo esto está llegando al ámbito político, y que algunas fuerzas que se pusieron de perfil hace pocos años cada vez se muestran más activas. Manifestó, por último, su percepción de que se está abriendo el camino para que en España se investiguen estos crímenes.

El último de los intervinientes, el abogado Carlos Slepoy, hizo un poco de historia recordando cómo la justicia española abanderó el principio de justicia universal con el caso Scilingo y otros (Adolfo Scilingo confesó haber participado en los llamados vuelos de la muerte, vuelos cuya misión era arrojar a detenidos vivos al mar). Además, recordó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue firmado por España en septiembre de 1976 y ratificado en abril de 1977; en octubre del mismo año se promulgó la Ley de Amnistía, a sabiendas de que vulneraba el Pacto, y, por tanto, vulnerando igualmente un principio elemental del derecho de los tratados (la referencia es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969), el principio pacta sunt servanda, es decir, lo pactado obliga, y la buena fe debe presidir lo firmado y las actuaciones posteriores. Se refirió también a la Ley de Amnistía como una ley que obedecía a un clamor popular que fue tergiversado para blindar a los verdugos con ella. También dijo que, a pesar de lo ocurrido con el juez Garzón, desde la justicia todavía caben actuaciones, citando el ejemplo de la jueza de Almazán (Soria), que, ante la aparición de diez cuerpos, ha continuado las investigaciones, a diferencia de sus compañeros. Slepoy terminó su intervención con optimismo, indicando qué más cabe hacer, como que los ayuntamientos que han apoyado la querella (más de cien) pueden dar otro paso: convertirse en parte querellante en la llamada querella argentina representando a sus vecinos asesinados por el bando franquista, y también presentar querellas en los juzgados españoles correspondientes.

El coloquio posterior dio lugar a matizar o complementar alguna de las intervenciones. Destacó la intervención de una hija de un abogado expulsado del Colegio de Abogados en el franquismo y fusilado. Salió a colación que el propio Colegio de Abogados durante la república declaró en un coloquio ilegítimas las leyes de la dictadura de Primo de Rivera, lo que no ha ocurrido con las leyes franquistas. El presidente de la Sección de Derechos Humanos, José Ramón Antón, se comprometió a seguir trabajando en estas cuestiones.

Crónica Popular estuvo presente en el acto y dio a conocer el monográfico impreso dedicado a Los crímenes del franquismo, que, tras su presentación en el Ateneo de Madrid, ha sido presentado en diversas ciudades.http://www.cronicapopular.es/colaborar/suplemento-los-crimenes-del-franquismo/

[1] La tarde del 17 el golpe empezó en Melilla, donde fue asesinado Virgilio Leret, aviador al mando de la Base de Hidroaviones del Atalayón, considerado el primer oficial republicano asesinado, un personaje heroico desconocido por los españoles gracias al manto de silencio que se ha impuesto en torno a todo lo que tiene que ver con la Segunda República. Para un acercamiento a su figura, ver la biografía de Antonio Cruz, Virgilio Leret Ruiz: una vida al servicio de la República, publicado por El Viejo Topo en 2012.

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