Alejandro Torrús, Público, 27.06.2015

Esta semana el abogado Slepoy ha mantenido un encuentro con el alcalde de Pamplona y con la presidenta del Parlamento de Navarra. El objetivo es que el cambio político sirva para que los juzgados españoles comiencen a investigar los crímenes de la dictadura.

MADRID.- Por los alcaldes elegidos en las urnas que fueron encarcelados, por los fusilamientos indiscriminados de concejales en cada rincón del país y, sobre todo, por los cientos de miles de ciudadanos asesinados y aquellos que perdieron su libertad, los impulsores de la querella argentina, la única causa judicial abierta en todo el mundo que investiga la dictadura franquista, pide a los nuevos alcaldes como Manuela Carmena (Madrid), Ada Colau (Barcelona)y Joan Ribó (Valencia), entre otros, que se querellen en la Justicia española contra los crímenes de la dictadura y se adhieran, además, a las querellas ya presentadas en Argentina.

«Queremos que los nuevos ayuntamientos y también los parlamentos autonómicos se querellen en España en nombre de los vecinos, concejales y alcaldes asesinados durante la Guerra Civil y la dictadura. Creemos que es importante que las víctimas sientan que las instituciones les apoyan y responden a su demanda de justicia», explica a Público el abogado Carlos Slepoy, que señala que se trata de una «cuestión elemental de respeto a los Derechos Humanos y los nuevos alcaldes no pueden estar de espaldas».

De hecho, Carlos Slepoy ha mantenido esta semana encuentros con el nuevo alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), con la presidenta del Parlamento navarro, Ainhoa Aznárez, y con representantes de los grupos parlamentarios de la cámara para pedirles que se personen en la causa y presenten nuevas querellas en España. «La reunión fue muy productiva y tanto el alcalde como los grupos se mostraron receptivos. Ahora tienen que estudiar nuestra propuesta«, prosigue Slepoy.

En la actualidad, los parlamentos autonómicos de Andalucía, Catalunya, Euskadi y Asturias ya aprobaron en los últimos años mociones mediante las cuales manifiestaron «su apoyo y adhesión» a la querella interpuesta en Buenos Aires contra los responsables de la dictadura franquista por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Ahora, los querellantes quieren que tanto estos parlamentos, como los que aún no se han pronunciado, junto a los ayuntamientos, no se conformen con la adhesión y den un paso más en forma de querella contra el franquismo dentro del Estado español.

Un juzgado de Soria marca el camino

El motivo por el cual los querellantes reclaman a las instituciones que se querellen en España es tratar de continuar el camino que ha abierto el Juzgado de Instrucción número 1 de Almazán (Soria). La juez titular ha pedido investigar el paradero de los responsables militares del asesinato de 10 civiles en Barcones (Soria) el 14 de agosto de 1936.

La jueza ha pedido la declaración de los supuestos culpables, en el caso de que estén vivos todavía

La jueza ha pedido la declaración de los supuestos culpables, en el caso de que estén vivos todavía, y la documentación de la represión en la zona del Archivo Histórico Provincial de Soria y del Archivo de Salamanca.

Concretamente, según ha informado eldiario.es, la jueza de Almazán ha reclamado a la Policía Judicial que investigue el paradero del «Sr. General de la 5ª Región Orgánica y Comandante Militar de Zaragoza, (en el momento del nombramiento del Comandante Militar de Soria) Miguel Cabanellas Ferrer, así como (en el momento de los asesinatos) el General Germán Gil y Yuste».

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