Manuela Bergerot, Público, 19.12.2014

La Querella Argentina contra los crímenes del franquismo es mucho más que un proceso de justicia, tiene un valor muy importante en la recuperación del relato histórico y en la recuperación de una memoria colectiva, hasta ahora relegada por la Transición y la Ley de Memoria Histórica al ámbito privado y al pasado. Como prueba el verdadero nombre de esta Ley: «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”. Obtener reparación y justicia por la dictadura no es una cuestión individual ni prescrita, es clave para resignificar la Historia oficial, que no sólo ha silenciado cada verdad, sino que ha banalizado el franquismo, se ha apropiado del lenguaje y ha determinado la categoría válida de víctima, excluyendo a los sobrevivientes de la dictadura como interlocutores con la administración o poderes públicos. Y desde luego que no es una cuestión anclada al pasado, porque una democracia plena hoy en día es incompatible con la cultura de la impunidad que hemos heredado.

Los archivos españoles pueden tener un papel clave en la recuperación de esa historia colectiva y ser además garantes del derecho a la justicia y reparación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, pero para eso es necesario que las políticas en materia de Derechos Humanos sean transversales a todas las políticas públicas, incluidas las archivísticas. La puesta en práctica de las políticas de acceso y desclasificación de archivos con fondos relativos al estudio de nuestro pasado más reciente está sujeta a la arbitrariedad, a una falta de voluntad de garantizar el derecho a la información y a la custodia cómo máxima archivística.

Uno de los ejemplos más recientes sobre la función de los archivos como garantes de justicia es el del National Security Archive de EE.UU., que utiliza la Ley de Libertad de Información para investigar y publicar documentos desclasificados por el Gobierno de los Estados Unidos relacionados con la política exterior de dicho país. El NSA aportó pruebas esenciales en el juicio por genocidio al ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt (cuyo régimen contó con el apoyo de Estados Unidos) y en el que además una de sus archiveras, Kate Doyle, tuvo un papel crucial en dicho proceso judicial como perito, declarando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Centro Documental de la Memoria Histórica podría ser un referente en nuestro país en la labor del Gobierno en fomentar la función social y democrática de los archivos y la promoción de la memoria histórica. Y ahora, en el momento clave que se encuentra la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, el CDMH podría ser además garante del derecho a la justicia. Quedaría no sólo ligado al concepto más extendido de archivo-memoria sino de archivo-justicia. Pero tanto su dependencia administrativa, que dificulta la continuidad de los planes operativos en detrimento de la Memoria Histórica, como indican los constantes cambios en la estructura orgánica de los departamentos ministeriales cuando se produce un cambio de gobierno (en 2012 el Gobierno del PP reorganizó el antiguo Ministerio de Cultura -ahora agrupado con Educación y Deporte- con la supresión de la dirección general del Libro, Archivos y Bibliotecas y su absorción en dos direcciones generales que ya existían), como su misión, hace que la función como garante en procesos de justicia y reparación no cumpla las necesidades de la ciudadanía.

Pero la Querella Argentina puede incidir también en las políticas archivísticas, o por lo menos, en la voluntad de archiveros y documentalistas para ser parte indispensable de este proceso. Del 18 al 30 de mayo de 2014 una comisión judicial vino desde Argentina a España en el marco de dicho proceso (el único abierto en el mundo).

La comisión judicial estaba formada por la jueza Maria Servini de Cubría, quien instruye la causa, y el fiscal Ramiro González con sus secretarios judiciales, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de la República Argentina (Buenos Aires).

El objetivo principal del viaje era tomar declaraciones a querellantes que por motivo de edad y o condición física no pueden desplazarse a un Consulado argentino a prestar declaración. Dentro de la agenda de la comisión judicial se realizó una visita al Archivo Histórico Nacional con el fin de conocer fuentes documentales para el estudio de la Guerra Civil y la dictadura y establecer un protocolo de peticiones de documentación que permita la investigación y la fundamentación de querellas.

La directora del AHN, Carmen Sierra y la Jefa de Referencias, Esperanza Adrados, nos recibieron junto con la comisión judicial, a los abogados de la Querella Ana Messuti, Maximo Cástex, Carlos Slepoy, Jacinto Lara (APDHE) y quien escribe como documentalista (auto)especializada en memoria histórica.

Carmen Sierra y Esperanza Adrados explicaron el tipo de fondo que conserva el AHN relevante para la Querella, las políticas de acceso a la documentación, ejemplos de expedientes y una demostración de búsqueda de documentación relativa a personas en la base de datos de uso interno del archivo.

Tras algunas peticiones por parte de la Jueza y el Fiscal de búsquedas sobre querellantes, quedó patente que el fondo del AHN era insuficiente para las necesidades informativas de la Querella, con el desconcierto de quien tiene como referente en materia de archivos y memoria, el Archivo Nacional de la Memoria argentino. Hay que recordar que el ANM depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esta dependencia funcional determina la misión y los objetivos del archivo, destacando para la materia que nos ocupa uno de sus tres objetivos: «articular los objetivos de Memoria, Verdad y Justicia mediante la generación de acciones conjuntas entre las diferentes jurisdicciones a nivel nacional, entre los países del MERCOSUR y en el plano internacional«.

En nombre de la Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina, entregué un dossier al Fiscal y a la Jueza sobre las fuentes documentales para el estudio de la Guerra Civil y la dictadura. Dicho dossier permite conocer los tipos de archivos que hay y qué fondo contienen relevantes en el marco de la querella.

En octubre de 2014, la Fiscalía emitió un dictamen de más de trescientos folios, en los que interesaba no sólo la imputación de la mayor parte de las personas que finalmente fueron imputadas por el Auto resolutivo del Juzgado de fecha 30 de octubre de 2014, sino que además interesaba que se practicaran una serie de medidas probatorias entre las que destaco las relativas a la figura de los archivos como garantes en procesos de justicia:

  • Se remita copia autenticada de toda la documentación, tanto de los archivos oficiales como los reservados, existentes respecto de la detención, tortura y fusilamiento del ex Presidente Lluís Companys i Jover.
  • Se requiera a las autoridades del Archivo Histórico Provincial de Málaga que remitan en soporte digital toda la información relativa a los represaliados mencionados en la causa durante el período de tiempo fijado como objeto de investigación.
  • Se requiera a las autoridades del Archivo Histórico Nacional y al Centro Documental de la Memoria Histórica que remitan en soporte digital toda la información que obren en sus registros respecto de las víctimas mencionadas en autos y sus legajos -que obren en soporte informático.
  • Se requiera a los Arzobispados la remisión de la documentación que obre en sus registros relativa a la colaboración de la Iglesia Católica y el Estado español entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977

El Ministerio Público argentino confirma con su dictamen la necesidad de cooperación de los Archivos españoles para garantizar el derecho a la justicia y la reparación de las víctimas y familiares de la dictadura. Nos encontramos en un momento político y social histórico, en el que 2015 puede ser un año clave, no es extraño que la Querella Argentina esté en un momento muy importante donde las organizaciones políticas, sociales y sindicales se posicionan públicamente ante ésta, hay una necesidad colectiva de recuperar la dignidad y la voz propia. Y los archivos pueden ser claves en conseguir ambas.

Manuela Bergerot. Documentalista. Experta en Comunicación sobre la Memoria Histórica y Derechos Humanos

2 Replies to “Los archivos españoles en la querella argentina contra el franquismo”

  1. Me parece muy bien que se haga memoria histórica, siempre que no se convierta en «memoria histérica».
    Los crimenes del franquismo son suficientemente conocidos por los que vivimos durante los 40 años que se titularon «de paz». Pero lo que quiere dejarse a un lado en esa «historia» son los execrables crímenes de ciertos grupos de izquierda durante el período republicano que precedió al llamado «alzamiento nacional». La actitud de esos grupos no hizo sino dar motivos de apoyo a la rebelión militar liderada por Franco. Los asesinatos nocturnos de personas (denominado «darles el paseo») y toda otra serie de crímenes (quemas de iglesias, matanzas y persecuciones) hicieron que muchos ciudadanos que no tenían nada en contra de una república como es debido, se vieran incitados a agradecer la rebelión militar, que puso fin a las persecuciones y delitos de una gente sin ética social ni política. La República Española, tal como se desarrolló, no habría conducido ni a la paz ni a la concordia. Una memoria histórica decente exige un detallado análisis objetivo y no unilateral del proceso de los años 30. Cuál de los dos bandos cometió más crímenes, es algo que tiene que dilucidarse.
    Yo no soy franquista. Al contrario: abandoné España en 1959. He sido hasta ahora afiliado al Partido Socialdemócrata e incluso concejal de ese partido en Suecia durante 10 años. Aunque no conté son la simpatía del malogrado Olof Palme, cuya positiva imagen es también sumamente parcial.
    Mi padre era republicano y empleado municipal del Ayuntamiento de Madrid, donde pudo experimentar las intrigas y odios personales que caracterizaban aquellos años. En 1936 (cuando yo no tenía más que un año de edad) se enroló en las brigadas que iban a hacer frente a la invasión franquista de Madrid. De camino hacia Brihuega, fue asesinado por elementos de izquierda que iban en su compañia. Se supo el nombre de alguno de ellos, pero nunca se hizo justicia. Mi familia no fue perseguida por el franquismo. Al contrario: mi situación de huérfano de padre madrileño me permitió la entrada en el histórico Colegio de San Ildefonso, lo cual me dio oportunidad de obtener una formación escolar y profesional que me ha permitido vivir en una clase media con tareas suamente estimulantes, no ya en España, sino en Alemania y, sobre todo, en Suecia.
    Me parece muy bien que se denuncien los crímenes de los allegados a Franco, pero lo que no podemos hacer es escribir una historia tuerta. No faltan elementos de izquierda con lacras produndas en su historia: allegados al comunismo o a un socialismo dictatorial, que se mantuvieron a salvo y aprovecharon la restauración monárquico-suarista para volver a tener una posición en la «democracia». Y es sabido que Franco (más bien dictador militar que fascista) no sólo persiguió a elementos de izquierda y republicanos, sino también a elementos falangistas destacados que le podían hacer sombra. Suárez no era ningún criminal, pero era el jefe de Falange nombrado por Franco y recomendado por él a Juan Carlos como compañero de viaje hacia el postfranquismo. Es decir que el mismo Franco (inconscientemente) dio paso a la «renovación de la democracia». Pues lo que él pretendió, una vez lograda la victoria militar, fue el seguir detentando el poder del Estado, sin tener que ceder el paso (como habría sido lógico) a la situación normal de república o monarquía. Pues la labor aparente de los rebeldes militares habría sido restablecer la normalidad del Estado, no inventar un gobierno propio).
    Franco sólo pensó en sí mismo. No hizo nada para prolongar una dictadura militar después de su muerte. Y el asesinato por la ETA de Carrero Blanco (que habría querido heredar el sistema franquista, prolongándolo), contribuyó a poner fin al proceso dictatorial. En la victoria y el mantenimiento del franquismo fueron además cómplices los países de Europa occidental y EEUU, con su acuerdo de no intervención y la posterior legalización del gobierno franquista. Una intervención de Francia e Inglaterra (habitual en otras circunstancias) habría podido impedir la victoria franquista. Y hay que agradecer (a pesar de todo) que el gallego Franco no se dejara atraer por Hitler (que vino personalmente hasta Hendaya para convencerle) hasta el extremo de participar a su lado en la guerra mundial. La División Azul fue su «alibi» y los intentos de su yerno Serrano Suñer no lograron influir en él, que se limitó a hacer la vista gorda con el envío de tropas de la División Azul. La actitud tácticamente pasiva de Franco ante Hitler y su animadversión hacia el comunismo, favoreció la legalización del franquismo incluso en la ONU.
    «Memoria histórica» sí. Pero que abarque todo y no sólo lo que la oligarquía política del momento imponga.

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