La Justicia quiere llegar a España, aunque España no quiera. Desde la Argentina, la jueza Servini de Cubría, a instancias de otros letrados y asociaciones de derechos humanos, impulsa una querella para investigar los crímenes del franquismo. 
Especial Franquismo Caras y Caretas (Argentina) nov 2013
Por Adrián Pérez, publicado en la edición de noviembre de la revista Caras y Caretas
Los dieciocho años de Jesús Rodríguez Barrio asomaban a la resistencia antifranquista cuando lo arrestaron en Madrid: una protesta se alzaba por la muerte de dos obreros españoles. Días antes de su detención, la policía del régimen había disparado sobre trabajadores gallegos desarmados que exigían mejores condiciones de empleo: en los astilleros Bazán hacía falta una reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, un mes de vacaciones, que la empresa no hiciera descuentos en caso de enfermedad o accidente, y costeara la jubilación, a los 60 años, sobre el ciento por ciento del salario real. Los metalúrgicos Rey Rodríguez y Daniel Niebla García cayeron heridos de muerte cuando las balas de la Guardia Civil tiñeron con sangre la tarde del 10 de marzo de 1972. Por esas caprichosas parábolas del destino, la empresa naviera se asentaba en El Ferrol: el mismo pueblo donde nació el genocida coruñés Francisco Franco.
Tras permanecer setenta y seis horas en la Dirección General de Seguridad, Rodríguez Barrio fue liberado con una multa de 200 mil pesetas (1202 euros al cambio de hoy). Cursaba la Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid. El 11 de enero de 1974 regresó a la prisión acusado de participar, junto a otros estudiantes, de una reunión ilegal que preparaba una protesta ante la inminente sentencia a muerte de Salvador Puig Antich. Por setenta y dos horas lo encerraron nuevamente en la DGS, principal centro de detención y tortura de la policía franquista, conocido también como Brigada de Información Social. La tercera detención de quien actualmente es profesor de Economía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid (UNED) fue asentada en el único proceso judicial abierto en el mundo, que se tramita en la Argentina, contra los crímenes cometidos por Franco y su séquito; denuncia impulsada por los abogados Carlos Slepoy, Ana Messuti, Máximo Castex, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina y la Comuna Presxs del Franquismo, entre otras organizaciones.
Jesús Rodríguez Barrio / Foto: Manuela Bergerot
Jesús Rodríguez Barrio frente a la DGS en octubre de 2013 / Foto: Manuela Bergerot
El 16 de abril de 1975, tres miembros de la policía política franquista lo interceptaron en su casa. Juan Antonio González Pacheco (alias “Billy El Niño”) disparó varias veces su arma para obligarlo a detenerse (N.d.R: al cierre de esta edición, una orden internacional de detención enviada a Interpol por la jueza María Romilda Servini de Cubría, a cargo de la querella argentina, pesaba sobre los ex policías González Pacheco, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar). Esposado, fue a parar a una comisaría cercana. Luego a la DGS, donde estuvo recluido setenta y dos horas. Con intermitencia, recibió golpes y amenazas. “Este hombre era reconocido porque utilizaba su arma de fuego para golpear y amenazar. En un momento me colocó la pistola en la cabeza y dijo que me iba a matar”, recuerda el docente de la UNED a “Billy El Niño” en las sesiones de tortura.
En el primer encuentro, el policía lo golpeó en los genitales sin mediar palabra. De los interrogatorios participaba también Conrado Delso, alias “El Gitano”. Hubo momentos en los que la gente se dejaba llevar por el pánico, recuerda el economista. Los policías trataron de obligarlo a que asumiera su militancia en la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Pero el estudiante de la Complutense no cedió al miedo: “No reconocí ninguna de las cosas de las que me acusaban, en el interrogatorio negué todo y no firmé ninguna declaración inculpatoria, ni mía ni de nadie”. El sol no llegaba a las mazmorras ubicadas en el sótano. Sólo había una luz encendida permanentemente.
Al tercer día de encierro lo trasladaron al Tribunal de Orden Público. Allí esperaba el juez instructor Rafael Gómez Chaparro Aguado (N.d.R: fue denunciado por la querella argentina junto al ex magistrado Jesús Cejas Mohedano y los ex ministros Fernando Suárez González, Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia del gobierno de Mariano Rajoy. Servini de Cubría no había dictado ninguna medida, al cierre de esta edición, contra los ex funcionarios franquistas). Gómez Chaparro Aguado le tomó declaración. Lo acusó de pertenecer a la LCR y lo procesó por asociación ilegal. En la cárcel de Carabanchel cumplió una sentencia de dos meses de arresto. Tras recibir la libertad provisional, previo pago de una fianza de 300 mil pesetas (1800 euros), estuvo un año y medio en el servicio militar. Con la muerte de Franco se aplicó un indulto para aquellos condenados con penas que no superaban los tres años de prisión. Entonces, el joven madrileño terminó sus estudios de Economía.
Nunca más
Al momento de ser apresado, Rodríguez Barrio hacia trabajo social en movimientos vecinales para aplacar las necesidades en el barrio de Vallecas. No apura un sentimiento de venganza durante el extenso diálogo con Caras y Caretas. De sonrisa amplia, su voz suena contundente al otro lado del Atlántico. A pesar de la persecución política, se abrazó –más temprano que tarde– a un compromiso que supo sostener por más de treinta años. Aunque nunca declaró ante un juzgado español por las torturas recibidas, dice que su persona adquirió cierta relevancia por el hecho de que pudo testificar y su testimonio sirve para inculpar a uno de los responsables que todavía están vivos (González Pacheco). “Hay gente que no tiene capacidad ni siquiera para recordarlo porque lo ha pasado tan mal que volver a pensar en esas cosas, y sobre todo contarlas, resulta especialmente duro para ellos”, sostiene.
Billy El Niño tenía un especial placer por las torturas y no se preocupaba por que lo reconocieran. “Era una persona que disfrutaba causando daño a los detenidos, muy exhibicionista, que se sentía halagado por el hecho de ser temido por todos los antifranquistas a los que perseguía”, perfila Rodríguez Barrio a su torturador. “Fue el más destacado de los miembros de la policía política en aquella época. Pero no es sólo cuestión de un individuo malo, sino de un sistema que era especialmente represivo”, agrega. Cuando se conformó como querellante, La Comuna Presxs del Franquismo –colectivo de represaliados de la dictadura española–, consideró que, además de víctimas, debían asumirse como acusadores de personas que cometieron violaciones a los derechos humanos. “Es un gesto de dignidad, de levantar la cabeza. Quisimos dejar claro que los delincuentes fueron ellos, no nosotros”, argumenta el ex detenido madrileño.
A los 59 años, habla con aplomo de la dictadura franquista, con la convicción del que busca justicia para sí mismo y para los suyos. Dice que cuando se enteró del pedido de detención internacional para los genocidas franquistas tuvo una emoción muy profunda, porque, gracias a los testimonios, se había comenzado a abrir una grieta en el muro de impunidad levantado en España. Su expectativa está puesta en la aparición de nuevas denuncias contra esos crímenes de lesa humanidad. Sostiene además que el gobierno de Mariano Rajoy, elegido democráticamente, no puede defender a los torturadores y debe colaborar con la Justicia argentina. Rodríguez Barrio se despide con un anhelo: “Esperamos que la querella argentina acabe siendo el Nüremberg de la dictadura franquista, proceso después del cual nadie pueda volver a decir nunca más que aquello no sucedió”.

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