patxot_27Exhumación de una fosa común en 2011. MÓNICA PATXOT

 Pepica Celda toma la mano de la abogada Ana Messuti y hace un ejercicio de memoria. “Mataron a las mejores personas del pueblo, nosotros no hemos podido hacer nada, esperemos que usted sí”. Pepica está buscando el cadáver de su abuelo, fusilado durante el franquismo. Por eso habla con Messuti, una letrada que, junto a otros compañeros en Argentina quieren llevar a la dictadura al banquillo por los delitos de genocidio y lesa humanidad, apelando al principio de jurisdicción universal.

La abogada está aprovechando estas semanas, en las que la causa aún está en fase de instrucción, para reunirse con víctimas y darles la oportunidad de incorporarse al proceso judicial. Hasta el momento hay 60 querellantes, más las adhesiones de multitud de organizaciones de derechos humanos. “El objetivo”, explica Ana Messuti, “es que no haya impunidad, no queremos venganza, porque además sabemos que es algo inalcanzable”.

Todo comenzó en Argentina el 14 de abril de 2010. Unos días antes, Darío Rivas, hijo del último alcalde republicano de Lugo, se dirigió a los abogados argentinos al ver que en España se cerraban todas las posibilidades de justicia con la inhibición de Garzón en 2008. Ese 14 de abril, la causa entraba en el sistema judicial argentino.

En sus inicios, la querella contó con 92 páginas y se basó en los autos que había elaborado el juez Baltasar Garzón. Enseguida se planteó el problema sobre si Argentina podría investigar sobre el franquismo. Messuti recuerda acerca de este tema que “la constitución argentina permite la intervención cuando se están violando las leyes internacionales. Además, hay que apelar al principio de coherencia, ya que en Argentina se está juzgando los crímenes que cometieron de los militares desde un punto de vista internacional”.

La abogada destaca el papel que realizó en su momento Darío Rivas, pero ahora se emociona al explicar que la última persona que se ha adherido a la querella es un joven de 19 años. “Es todo un mensaje de optimismo”, indica. “Se presenta por su bisabuelo, y esto es muy importante, ya que la memoria histórica depende de los pasos individuales, por eso aunque se mueran los protagonistas es necesario que sigan los nietos y biznietos”.

La querella, que abarca desde la Guerra Civil hasta las primeras elecciones en democracia el 15 de junio de 1977, se encuentra en el momento decisivo en la fase de instrucción. Ahora la jueza está a la espera de que la Corte Argentina le autorice a viajar a España con un número suficiente de secretarios que puedan tomar declaración a los denunciantes.

Mientras llega ese momento, la abogada sigue recibiendo el apoyo de víctimas y familiares. Uno de ellos, Manolo Tello, que sufrió la represión en los años 70, le apela: “Necesitamos los nombres de los asesinos, que nos digan cómo murieron los nuestros y que se demuestre su inocencia”. Y ambos, abogada y víctima, se funden en un abrazo.

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