December 8, 2019

Actualidad:

Colectivo Sin Identidad de Tenerife ha acudido a la ONU sobre los casos de niños robados en Canarias así como en todo el Estado.

Gracias al abogado Miguel Ángel Rodriguez Arias y al sociólogo Francisco Gonzalez Tena


Afectados por el robo de niños piden por primera vez en la ONU que España cumpla el deber de buscar a sus desaparecidos

Presentan una denuncia para que el Estado abra una “investigación oficial” y asuma su responsabilidad

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) –

Familiares de niños robados durante la dictadura y hasta los primeros años de la democracia española han acudido por primera vez a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para pedir que intervenga “a la mayor brevedad posible”, ante el incumplimiento por parte del Estado español del “deber” de buscar, localizar y restituir a sus seres queridos y poner fin así a su “sufrimiento”.

La denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, ha sido registrada este lunes ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, por el ‘Colectivo Sin Identidad’, que reúne a decenas de afectados en Canarias.

Las víctimas denuncian que el Estado español ha descargado el impulso de las investigaciones sobre los hombros de las propias familias, “como si se tratase de una obligación privada de éstas”, y exigen una “investigación oficial efectiva e independiente”, tal y como establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo determinó en el ‘caso Kelly’ que las autoridades “no pueden dejar esta cuestión a iniciativa de los parientes”.

A su juicio, la actividad del Estado en materia de desapariciones infantiles debería seguir el modelo asentado en el panorama internacional a raíz del ejemplo reivindicativo de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina.

Invocan así a una regulación legal por la que se constituya una Comisión Nacional de Desaparecidos y un Banco Nacional de Datos Genéticos, además de la creación de unidades especializadas de Policía Judicial.

“Unidades cuya única tarea sea rastrear todo el país para esclarecer estos hechos, bajo el control de la Comisión Nacional, constituida por Gobierno, la Fiscalía y las asociaciones. Es el Estado el que tiene que investigar”, explica el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, autor del libro ‘El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad’ y uno de los autores de las alegaciones de la denuncia junto con el historiador Francisco González de Tena.

PIDEN A LA ONU QUE ENVÍE UNA DELEGACIÓN A ESPAÑA

Las víctimas instan a los miembros de Naciones Unidas a “tomar cartas en el asunto” con el afán de que ayude a aliviar el sufrimiento de los miles de afectados, algunos de avanzada edad cuyo “único anhelo” es poder reunirse con los hijos que buscan. “La situación es profundamente dramática”, advierten en su escrito.

Ven en esta iniciativa la oportunidad de que la comunidad internacional haga “una llamada de atención” a España por incumplir las “obligaciones internacionales”que adquirió al ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que ordena a los países firmantes adoptar las medidas oportunas para buscar e identificar a los niños desaparecidos.

“El Estado continúa omitiendo sus deberes esenciales de búsqueda, localización y restitución”, afirman los denunciantes, que ven con “profunda preocupación” que el plazo de dos años marcado por la Convención para implementar estas medidas está a punto de expirar. En concreto, añaden, vencerá el próximo 23 de diciembre.

Ante la pasividad de España, los afectados han pedido auxilio a este Grupo de Trabajo, que actúa como cauce de comunicación con los gobiernos con el fin de ayudar a los familiares a averiguar la suerte y el paradero de los desaparecidos.

Piden ser recibidos en Ginebra para exponer el caso español, mientras que invitan a la ONU a enviar una delegación a España para que se reúna con los colectivos de víctimas.

Las alegaciones de la denuncia dan cuenta de los “cientos de casos sin resolver” y del número de “familias rotas” que, desde 1938 hasta finales de los 80, han visto vulnerado su derecho a la vida familiar y su derecho al propio nombre y a la identidad, mientras que han sufrido “un trato inhumano y degradante” vinculado a la “angustia y al destrozo psicológico” derivado de no encontrar a los hijos, padres o hermanos que buscan.

Piden la intervención de la ONU para buscar a los niños robados en España

Colectivo Sin Identidad interpone una denuncia ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas por la “pasividad” del Gobierno en la investigación de los miles de casos, que pueden constituir crímenes contra la humanidad

10.10.2012 ·  · (Sevilla)

La investigación por la desaparición masiva de niños durante el franquismo y buena parte de la democracia va camino de convertirse en un conflicto internacional. Primero fueron los afectados andaluces los que anunciaron que llevarían sus casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por considerarlos delitos de lesa humanidad. Ahora son los canarios Colectivo Sin Identidad quienes han acudido a la ONU pidiéndole que obligue al Estado español a buscar a los niños dados en adopción irregular, posiblemente robados, y los restituya a sus familias y acaben así con su actual “sufrimiento”.

La denuncia fue interpuesta el pasado lunes 8 de octubre en Ginebra (Suiza) ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas pidiéndole su intervención “a la mayor brevedad posible” dado el “incumplimiento” por parte del Estado español de su “deber” de buscar, localizar y restituir a sus seres queridos a los niños y bebés sustraídos a sus familias y dados en adopción irregular entre los años 1938 y 1990. El autor de la denuncia, el jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias, explica que la inmensa mayoría de esos desaparecidos están vivos, y por tanto el Estado español está obligado a identificarlos y ponerlos en contacto con sus verdaderas familias, en cumplimiento de los distintos tratados y convenciones internacionales que España ha firmado.

 

Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad de Castilla-La Mancha y autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad, pero aclara que con esta acción ante la ONU no se pretende la persecución de estos delitos. Se trata más bien de seguir el ejemplo de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, sobre todo cuando el número de niños desaparecidos en España podría ser hasta diez veces mayor que el caso argentino. Este grupo de trabajo actúa precisamente como cauce de comunicación con los gobiernos para averiguar la suerte y paradero de los desaparecidos.

 

Por eso, en la denuncia se pide a la ONU que ordene al Gobierno español la creación de una Comisión Nacional de Desaparecidos, un banco de datos genéticos, un grupo de fiscales especializados y una unidad de Policía judicial dedicada solamente a este asunto. “Es el Estado el que tiene que intervenir, no se puede dejar esta cuestión a iniciativa de los parientes”, cuando la legislación obliga a “una investigación oficial efectiva e independiente”. Así lo establece, según señala Rodríguez Arias, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que España ratificó en 2006 y debe transponer a la normativa nacional antes del próximo 23 de diciembre.

 

Sin embargo, hasta ahora se están encontrando con la “pasividad” del Gobierno. La denuncia ante la ONU, firmada también por el sociólogo Francisco González de Tena, afirma que las víctimas españolas están recibiendo “un trato inhumano y degradante” vinculado a “la angustia y el destrozo psicológico” derivados de no poder encontrar a los hijos, madres, padres y hermanos que buscan. En los juzgados se han interpuesto ya unas 1.500 denuncias, y varias miles más se están investigando de forma privada, pero hasta el momento no han redundado en la averiguación de la identidad actual de los desaparecidos, ningún médico, funcionario o religioso implicado ha sido condenado y sólo se ha imputado a la monja madrileña sor María Gómez Valbuena.

 

Los afectados invitan a la ONU a enviar una delegación a España para comprobar “la situación profundamente dramática” que viven las familias y piden ser recibidos en Ginebra para explicar los casos. Un portavoz de Colectivo Sin Identidad y víctima también de esta trama ha declarado a Periodismo Humano que se están encontrando en todas las instancias judiciales e institucionales con “una ruta de silencio muy dura, el bastón de la ansiedad es tan cruel que es difícil resistir”, y “el tiempo juega en nuestra contra” puesto que la esperanza de vida de muchos niños criados en orfanatos, como es el caso de bastantes desaparecidos, es menor que la del resto de la población, “es parte de la masacre que han hecho con nosotros”.

 

Este afectado relata como en las Islas Canarias, desde 1938 hasta bien entrados los años ochenta, funcionaron centros de Falange Española, colegios infantiles y orfanatos de los que salían hasta doscientos niños al año, entregados a familias o con certificados de muerte “más que dudosas”. “La adopción era el botín de guerra”, afirma sin ambages, a la vez que denuncia los “métodos nazis” usados en esos orfanatos, que llevaban a algunos de esos niños “a la oligofrenia y a otras enfermedades mentales”. Por eso, “la responsabilidad la va a asumir quiera o no quiera el propio Estado, yo no voy a denunciar a ninguna monja en particular, nos dejamos de pamplinas y vamos a la investigación global”, concluye.

En este mismo ámbito internacional, el denunciante pionero de robo de bebés en nuestro país, el abogado granadino Eduardo Raya, anunció el pasado mes de septiembre que llevaría el caso de la presunta sustracción de su hija, ocurrida en 1990, ante el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, con sede en Estrasburgo, por considerar que se trata de delitos de lesa humanidad, al constituir un “ataque sistemático contra la población civil”. Raya anunció que otros afectados están en la misma tesitura de que sus casos, una vez agotado el recorrido judicial español, acaben también en Estrasburgo.

Comments
One Response to “Colectivo Sin Identidad de Tenerife ha acudido a la ONU sobre los casos de niños robados en Canarias así como en todo el Estado.”
  1. Jose Antonio de Huelva dice:

    Y NOS ECHAMOS LAS MANOS A LA CABEZA CUANDO NOS ENTERAMOS DE LOS NIÑOS ROBADOS EN ARGENTINA QUE ERAN UNOS 500, AQUÍ LA CIFRA ES ENORME Y LO QUIEREN TAPAR, LO QUE HA OCURRIDO AQUÍ DESBORDA CUALQUIER PENSAMIENTO HUMANO INCLUSO SE PUEDE EQUIPARAR AL NAZISMO O ES ALGO PEOR?

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