La denuncia del franquismo como sistema político que impedía el ejercicio de las libertades democráticas elementales, se queda corto si no añadimos que erigió un sistema represivo global, en lo político, social, religioso o económico, que dio con los huesos en la cárcel de muchas personas que, ejerciendo los mas elementales derechos individuales, pretendieron salirse de la norma impuesta.
La Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 (LPRS – BOE 187 de 6-8-1970. – Ley 16-1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social), fue heredera de la anterior Ley de vagos y maleantes de 1933 modificada por el franquismo en 1954.
De términos muy parecidos a la anterior, no sancionaba delitos sino que “pretendía evitar” la comisión futura de los mismos por lo que no incluía penas, sino medidas de alejamiento, control y retención de los supuestamente peligrosos. De hecho, la realidad es que se utilizaba arbitrariamente para la represión de las personas “molestas” y a las que se pretendía castigar sin que el Código Penal lo justificase, permitiendo el encarcelamiento de sujetos cuyo comportamiento no estaba recogido en ningún tipo penal.
La Ley de 1970 incluyó la homosexualidad y añadió penas que podían llevar desde tres meses hasta cinco años de internamiento en cárceles o manicomios para los homosexuales y demás individuos considerados peligrosos para su «rehabilitación». Las Memorias de la Fiscalía del Tribunal Supremo (1970-1979) revelan la existencia de más de 58.000 expedientes y más de 21.000 sentencias condenatorias para todo el conjunto de tipos de peligrosos sociales. Si se extrapolan a la totalidad los datos disponibles de los Juzgados de Peligrosidad de Madrid entre 1974 y 1975, donde alrededor de un 6 por ciento de los expedientes fueron por homosexualidad y un 5 por ciento se resolvieron con condenas, estaríamos hablando de unos 3.600 expedientes por homosexualidad entre 1970 y 1979, y unos 1.000 condenados en este mismo periodo sin garantías y sin delito.
Pese a ser condenados por una decisión política de la Dictadura que decidió llevar la represión sobre las libertades hasta los mas íntimos aspectos de la persona y de los derechos elementales, estos presos jamás fueron considerados presos políticos, ni por tanto pudieron beneficiarse de los indultos ni de la amnistía a la muerte del Dictador. De hecho, la ley de peligrosidad social no fue derogada completamente hasta el 23 de noviembre de 1995, aunque desde los inicios de la Transición ya no se aplicase a los homosexuales, y en 1979 se eliminasen varios artículos entre ellos el referente a «los actos de homosexualidad.
Recuperar la memoria hace importante potenciar y extender el análisis más exhaustivo de esta Ley y de las graves consecuencias que tuvo sobre los damnificados por ella. Se lo merecen todas aquellas personas que se vieron arbitrariamente afectadas por esta forma de represión franquista.
Pusieron una ley para gratificar a los descencientes de los que sufrieron represión durante el franquismo. Yo tengo el carné de la Falange de mi abuelo y el documento de los campos de concentración. ¿Dónde puedo dirigirme ó qué he de hacer para que me den esa prestación o gratificación?. Murió el año 75. Mi padre también a muerto hace poco; por eso ha sido ahora cuando me he enterado limpiando papeles; pues no sabía nada. Un saludo Pedro.
No queda claro si su abuelo estuvo en la cárceles franquistas o en las de la República. Suponiendo que estuvo preso en las cárceles franquistas por reivindicar la pureza del pensamiento joseantoniano, creo que se ha equivocado usted de ventanilla. Nosotros somos víctimas del levantamiento fascista de los militares golpistas contra la República Española y los falangistas fueron y son parte de esos golpistas. Si quiere usted reclamarle algo a la dictadura franquista diríjase a la ventanilla: falangistas desengañados.